Los trabajadores autónomos y las pymes no se verán afectadas por el proyecto del Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de implantar finalmente el Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA que obliga a las empresas a remitir a Hacienda la información sobre las facturas emitidas y recibidas en un plazo de cuatro días.
Por el momento, pymes y autónomos conservan la declaración trimestral del IVA, aunque el Gobierno baraja la posibilidad de que la mediana empresa presente la declaración de forma mensual. Una obligación que ahora sólo rige para las grandes sociedades.
La recuperación del proyecto SII afectará, en principio, a 62.000 empresas, que son las que tienen consideración de gran empresa, son un grupo societario o están adscritas al régimen de devolución mensual. Esas 62.000 empresas representan el 85% de facturación del IVA en España.
Con el programa de Suministro Inmediato de Información, Hacienda contará con una herramienta adicional para luchar contra el fraude, como el software de doble uso o programas informáticos que permiten ocultar ventas. Además, buscará facilitar el cumplimiento voluntario y la elaboración de un borrador de la declaración del IVA, como ya sucede con el IRPF.
Con el programa de Suministro Inmediato de Información, Hacienda contará con una herramienta adicional para luchar contra el fraude, como el software de doble uso o programas informáticos que permiten ocultar ventas. Además, buscará facilitar el cumplimiento voluntario y la elaboración de un borrador de la declaración del IVA, como ya sucede con el IRPF.
Aunque Montoro tiene intención de poner en marcha el nuevo modelo en 2017, lo más probable es que no entre en vigor hasta enero de 2018. A partir de ese momento, los libros de registro de IVA se gestionarán directamente desde la sede electrónica de la Agencia Tributaria. La idea es que Hacienda cuente con un inmenso volumen de información que le permita cruzar datos y ejercer un mayor control sobre los contribuyentes, facilitando así la lucha contra el fraude fiscal.
Por otro lado, el Gobierno tiene la intención de limitar los pagos en efectivo a 1.000 euros, frente al límite de 2.500 euros que estaba fijado hasta ahora. Cualquier transacción que supere ese límite deberá realizarse por medios que dejen rastro, como las transferencias bancarias o las tarjetas de crédito. Además, el Ministro de Hacienda presentará en el Consejo de Ministros una serie de medidas para endurecer la concesión de aplazamientos en el pago de impuestos.
Fuente: Cinco Días
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