El 90% de empresas españolas no cumple la normativa SEPA

Parece ser que el proceso de adaptación de las empresas españolas proveedoras de servicios a la nueva normativa europea sobre pagos SEPA (Single Euro Payments Area), va bastante ralentizado. Según datos del grupo CMC, sólo un 10% de las empresas de nuestro país tienen todos sus procesos de negocio digitalizados y adaptados al nuevo entorno que han impuesto las nuevas tecnologías y su adopción por parte de los clientes y usuarios, de manera masiva, a través de los distintos dispositivos móviles.

La cuestión es que esta nueva norma europea de pagos entra en vigor dentro de siete meses. El proyecto SEPA hace posible que
los usuarios de transferencias bancarias, domiciliaciones y tarjetas de los 27 países miembros de la Unión Europea e Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega y Suiza dispongan de un único conjunto de estándares y normas. Así, todos los pagos —nacionales o transfronterizos entre los países de la zona SEPA— se habrán equiparado en términos de sencillez, seguridad y eficacia.

Respecto al proceso de adaptación de las organizaciones españolas a SEPA, actualmente sólo el 2% de los débitos directos realizados por las empresas en nuestro país (domiciliaciones de recibos), están ya adaptados a esta nueva norma, lo que según CMC, da una idea del grado de retraso en la adecuación. Para CMC, uno de los puntos críticos de la nueva norma va a ser, precisamente, los débitos directos o domiciliación de recibos que deberán emitir las empresas a sus usuarios y clientes.

Ello es debido a que a partir del 1 de febrero próximo las empresas españolas deberán poder admitir cuentas de cualquier entidad bancaria de cualquier país miembro de la zona Euro bajo los criterios de estructura y formato definidos por la normativa SEPA. Pero además de ello, los emisores deberán contar también con la autorización expresa y firmada por parte de los clientes de las órdenes de domiciliación de los recibos.

Por otro lado, la digitalización del proceso también permite controlar y disminuir los errores inherentes a la no validación de los datos por parte de los sistemas y procesos de las empresas. Cabe recordar, que según el propio Banco Central Europeo (BCE), los riesgos operativos, tales como devolución de recibos por falta de adecuación o errores, puede poner en peligro o producir interrupciones en las cadenas de suministro. Además, ello acarrearía costes extras a las propias empresas, ya que las estimaciones apuntan a que cada transacción fallida puede tener un coste de entre 40 y 50 euros, lo que podría traducirse en unos costes de 2.000 millones de euros para la Eurozona.

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Fuente: Computing